NEGLIGENCIA en la modificación DE UNA OBRA PÚBLICA

NEGLIGENCIA EN la modificación DE UNA OBRA PÚBLICA

Badalona paga 720.000 euros por una obra no ejecutada en un polideportivo

Lunes, 9 de agosto

El cambio de planes ha obligado a indemnizar a la concesionaria que abonó dos proyectos en vano.
El ayuntamiento encargó ampliar el pabellón de Montigalà pero luego puso trabas a su ejecución
Una cadena de cambios, errores y retrasos en el encargo de la ampliación del polideportivo de Montigalà han ocasionado que el Ayuntamiento de Badalona haya pagado 720.000 euros por una obra que no se ha ejecutado y que muy probablemente nunca se ejecutará. A finales del 2002 el ayuntamiento encargó a la Federació Catalana de d’Esports de Persones amb Discapacitat Física la ampliación de la instalación deportiva que debería albergar una piscina y nuevas canchas. Pero a partir de ese momento, los responsables municipales comenzaron a cambiar de parecer, intentaron rehacer el proyecto para añadirle un centro cívico y ocasionaron un retraso que llevó a la federación a demandarlos ante los tribunales.

El resultado es que, tras ocho años sin ejecutar la obra y después del desembolso de los 720.000 euros, el polideportivo seguirá como siempre: con unas instalaciones limitadas y con una gestión deficitaria.


El pago de la indemnización, que se ejecutó el mes pasado, llegó con un acuerdo extrajudicial que también contempla que el ayuntamiento debe destinar 7.000 euros mensuales al polideportivo para compensar su déficit. La federación también había ganado la gestión de la sede durante 35 años.

Un informe del secretario general del ayuntamiento, del pasado 21 de julio, asegura que el acuerdo es una «solución nefasta» para el interés público y califica la situación como un «funcionamiento anormal» de los servicios públicos que «no se puede volver a producir».

El PP de Badalona ha denunciado el grave perjuicio económico que ha generado la mala gestión municipal en la tramitación de esta obra. El líder del grupo, Xavier García Albiol, aseguró que pedirá al alcalde de Badalona el cese inmediato de los responsables directos. «Es muy grave que una dejadez de este tipo cause a Badalona una pérdida económica tan elevada», dijo García Albiol.

PROBLEMA HEREDADO / La federación deportiva ha dado por cerrado el conflicto pero aseguró que la solución no supone una buena salida tras ocho años de agravios. «La compensación económica solo nos ha servido para cubrir la gran deuda que
habíamos acumulado en todo este tiempo. Las instalaciones son limitadas y, sin ampliación, estamos obligados a cobrar precios más bajos que el resto», explica Tomàs Ruiz, gerente de la federación.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badalona, Albert Tomàs (PSC), dijo que el cambio de planes, que contemplaba un futuro centro cívico, fue ideado por el equipo de la exalcaldesa Maite Arqué en tiempos de bonanza inmobiliaria pero ya no se justifica. «Es un tema que heredamos de la gestión anterior. Hemos decidido que no gastaremos más dinero en más construcciones de este tipo sino que utilizaremos los recursos que tenemos para hacer más inversión social», dijo el concejal.

CADENA DE PROBLEMAS / En octubre del 2003, la federación presentó el proyecto arquitectónico para ampliar el polideportivo, ubicado en la calle de Rossini, tal como estaba previsto en el contrato. Pero el octubre de 2004, el ayuntamiento notificó al concesionario que debía modificar el proyecto por las «nuevas necesidades» que habían surgido y dejó claro que estaba dispuesto a pagar una indemnización. Un año después, en octubre del 2005, la federación volvió a pagar otro proyecto de 92.000 euros para incorporar las observaciones municipales.
El ayuntamiento dio su visto bueno, pero un año después, en septiembre del 2006, negó a la empresa el permiso ambiental para comenzar las obras. El informe del secretario general del ayuntamiento ve en este cambio un error capital: el nuevo plan fue aprobado sin un estudio económico-financiero detallado.

Es entonces cuando, cansados de las continuas trabas, los adjudicatarios decidieron iniciar un largo pleito que terminó en los tribunales. En enero pasado, la federación presentó un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento por siete millones de euros. Seis meses después decidió conformarse con 10 veces menos: 720.000 euros, lo que da por zanjado el conflicto.

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