El miedo como compañía.

Hoy 26 de febrero Mercedes Molina, badalonina de 58 años ha fallecido en el Hospital de Vall d’Hebron de Barcelona con quemaduras en el 85% de su cuerpo, tres días después de que su marido le prendiera fuego.

Hoy mismo, también, se ha conocido la última victima de esta violencia. Un joven ha sido hallado muerto ahorcado en su casa de la localidad coruñesa de Coristanco. Su ex novia, de 19 años con la que había discutido, fue localizada herida en un monte del municipio. Los jóvenes habían roto su relación hace una semana, pero se desplazaron juntos al monte, donde entablaron una fuerte pelea

En 2006 hubo 68 victimas en España en 2005 hubo 62 y en 2004 fueron 72.

Este año ya son 13 mujeres muertas a manos de sus parejas.
De seguir el mismo ritmo podríamos encontrarnos que a pesar de la nueva Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género las cosas – el número de victimas- siguen igual.

Todo ello a pesar de los móviles de teleasistencia, un dispositivo electrónico con GPS que se concede en un plazo de 24 horas, según fuentes oficiales, a todas las mujeres maltratadas con orden de alejamiento que lo solicitan a través de los servicios sociales y de su ayuntamiento, y a pesar del incremento en el número de efectivos policiales especializados y dedicados en exclusiva a la protección de las víctimas.

Todo parece insuficiente. Hoy, cerca de 3.000 mujeres viven, día y noche, pegadas a este teléfono. El miedo como compañía.

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¿QUE DICE LA LEY?
La ‘Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género’, una de las principales promesas electorales de Zapatero fue aprobada, por unanimidad, el 22 de diciembre de 2004, por el pleno del Congreso.

Un texto que contempla tanto medidas asistenciales como de prevención, con especial atención a las políticas educativas que insistan en la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer. Una de las enmiendas aprobadas durante su tramitación parlamentaria contempla la modificación del Código Penal para que las amenazas y lesiones leves sean consideradas como delito cuando afecte a víctimas especialmente vulnerables -niños, ancianos y minusválidos- que convivan con el autor.
La Ley establece una jurisdicción especial para la violencia de género y pretende lograr una estrecha coordinación de todos los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc.), que deberán recibir una formación específica para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia.

• OBJETO DE LA LEY. «Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». (Artículo 1.1.)

• EDUCACIÓN. La ley insiste en que la formación en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español. Tal principio de igualdad se transmitirá desde la educación infantil hasta el bachillerato, y la Administración tendrá que revisar los materiales y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad. Además, en el Consejo Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres, el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia por razones de sexo.

• PUBLICIDAD. Se considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a favor de la igualdad podrán solicitar la retirada de un anuncio si lo consideran oportuno.

• APOYO A LAS VÍCTIMAS. La nueva ley permitirá la creación de servicios de atención e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos participarán en el desarrollo de todos estos servicios, en los que también se contempla la asistencia jurídica especializada y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos, entre otras. Además, las víctimas tendrán derechos laborales específicos como adaptar o reducir su jornada de trabajo, movilidad geográfica o estinguir un contrato cobrando el subsidio de desempleo.

• MEDIDAS JURÍDICAS Y PENALES. Se crearán Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en cada provincia y capital, en los que se centralizarán los asuntos civiles y penales de una misma unidad familiar. Estos jueces podrán adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia de menores o la suspensión del régimen de visitas. También se reforzarán las penas contra los agresores: las amenazas leves se podrán sancionar con prisión de seis meses a un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. En caso de lesiones, se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa o compañera sentimental, aunque no haya habido convivencia. Además, se prevé que cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales tenga su propia Sección de Violencia Familiar y que se cree la figura del ‘Fiscal contra la violencia contra la mujer’.

• NUEVOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. La ley contempla la creación de una Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (bajo el Ministerio de Presidencia y con rango de Secretaría de Estado), un Consejo Consultivo y un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• OTRAS MEDIDAS. Creación de unidades especializadas en prevención de la violencia; aplicación de programas especificos a maltratadores en prisión.

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